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AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN BAJO ATAQUE, NECESARIO CERRAR FILAS EN SU DEFENSA: GLORIA TAPIA

  • Pretender socavar la fortaleza que se le ha proveído a la Auditoría Superior de Michoacán es atentar contra el mandato constitucional del Poder Legislativo para la fiscalización de los recursos públicos

Morelia Michoacán, marzo del 2022.- La Auditoría Superior de Michoacán se encuentra bajo ataque, por lo que es necesario cerrar filas en torno a su defensa, de manera que el Legislativo garantice la inviolabilidad de su responsabilidad fiscalizadora frente a otros Poderes del Estado, subrayó la diputada Gloria Tapia Reyes, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

La diputada por el Distrito de Zitácuaro señaló que como nunca antes, hoy día es evidente la instrumentación de una estrategia de debilitamiento hacia el órgano fiscalizador, de la que lamentablemente integrantes de la Legislatura local se observan partícipes.

Recordó que el órgano fiscalizador es el brazo por el cual el Poder Legislativo cristaliza el mandato constitucional que tiene para la fiscalización de los recursos, por lo que a lo largo de los años se han dado pasos muy importantes para su consolidación, de manera que las tareas que le mandata la Ley puedan cumplirse a cabalidad.

“El pretender socavar la fortaleza que se le ha proveído a la Auditoría Superior de Michoacán es atentar contra el mandato constitucional del Poder Legislativo para la fiscalización de los recursos públicos, situación de suma gravedad sobre la que es preciso que las y los diputados tomemos cartas en el asunto”.

La legisladora señalo que aquellos que tienen cuentas pendientes por aclarar deben asumir sus responsabilidades y responder a la sociedad por sus acciones, en lugar de pretender la destrucción y vulneración de la institución que fiscalizó su actuar.

Apuntó que el ataque al que se está sometiendo al órgano fiscalizador, debe ser una prioridad en la agenda del Poder Legislativo, cerrando el paso a toda posibilidad de intromisión a la encomienda que el Congreso tiene en la revisión del manejo de los recursos públicos.

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