- La propuesta fue del Ejecutivo del estado y el martes fue admitida para su discusión por la Comisión de Puntos Constitucionales en lo concerniente a ampliar las penas máximas a 60 años
Morelia Michoacán, abril del 2022.- La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) manifestó su beneplácito por la declaración del “ha lugar” para la iniciativa del Ejecutivo que busca reformar el Artículo 94 de la Constitución Política de Michoacán en lo concerniente a ampliar hasta a 60 años las penas para feminicidas.
La titular de Seimujer explicó que al tratarse de una reforma constitucional primero debe avalarse que se den las condiciones para discutir la iniciativa, lo cual ya fue establecido el martes pasado en reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del estado.
Si bien se trata apenas de la admisión para discutir la parte que se refiere a la ampliación de la pena privativa de la libertad, Tamara Sosa Alanís manifestó su optimismo de que este sea un primer paso para que se cristalice esta importante iniciativa para combatir la violencia feminicida.
Puntualizó la titular de Seimujer que uno de los principales problemas a la hora de hacerles justicia a las mujeres, ha sido la reforma penal a nivel estatal que resultó insuficiente, donde el tipo penal y las penas por feminicidio no fueron armonizados con el Código Penal Federal.
“Es por esta razón que las penas continúan siendo menores a las de otros estados, y en consecuencia, los beneficios de un juicio oral abreviado o de preliberación por buena conducta o trabajo, según nuestro régimen de ejecución de sanciones penales, pueden ser más fácilmente alcanzados por quienes cometen el delito de feminicidio”, agregó Sosa Alanís.
Recordó la secretaria de la Mujer que ésta iniciativa del gobernador, la cual tiene por objetivo inhibir el delito de feminicidio, contempla además del aumento de las penas, una ampliación de las causales, con lo que más homicidios dolosos de mujeres se tipificarían como feminicidios. También prevé penas monetarias y de prisión para servidores públicos que obstaculicen el acceso de las víctimas a la justicia.